WASHINGTON (Reuters) -- El código militar utilizado por Estados Unidos para denominar la actual operación contra la resistencia en Iraq también fue usado por los nazis en un plan abortado contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial.
La operación "Martillo de Hierro" lanzó esta semana las fuerzas de la tercera brigada de la primera división blindada del ejército de Estados Unidos contra algunas zonas de Bagdad para combatir a los insurgentes que han matado a cientos de soldados estadounidenses desde que el líder iraquí, Saddam Hussein, fuera derrocado en abril.
Un funcionario del Pentágono dijo que el nombre fue escogido basándose en el apodo que hace alusión a la mano de hierro de la primera división blindada, pero que no sabía de ninguna conexión con la operación nazi.
"Eisenhammer", que en alemán significa "martillo de hierro", fue el código de la Luftwaffe -la fuerza aérea alemana- para denominar un plan para destruir en 1943 a la ex Unión Soviética, según informó Universal Lexikon en su página de Internet, www.infobitte.de.
Un investigador del Museo Imperial de Guerra en Gran Bretaña confirmó la existencia del plan "Eisenhammer".
La operación nazi de usar bombas de largo alcance contra la ex Unión Soviética se pospuso en varias ocasiones y fue descartada finalmente cuando un asalto aéreo de las fuerzas aliadas destruyó en 1945 muchos de los aviones alemanes en tierra, poco antes de la derrota final de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.
Después de declarar la guerra contra el terrorismo, funcionarios de Estados Unidos cambiaron el código de su inminente ataque contra Afganistán a operación "Libertad Duradera".
El nombre original de la operación, "Justicia Infinita", se cambió debido a temores de que el mundo musulmán, ya sospechoso de las intenciones estadounidenses en la región, se opusiera a la invasión debido a que, según las enseñanzas del Corán, sólo Dios puede conceder justicia infinita.
Bajo el título Riesgos en Afganistán, el influyente diario The New York Times afirma que dos años después que el Presidente George W. Bush celebró la victoria militar, ese país "está en peligro de retroceder a una combinación mortífera de poder a manos de caudillos (señores de la guerra) y jefes Talibanes"
NUEVA YORK, 17 de noviembre (PL). Mientras Estados Unidos está enmarañado en un conflicto imprevisible en Iraq, en Afganistán la política de la Casa Blanca dos años después de la guerra no da señales de progreso, todo lo contrario, advierte hoy The New York Times.
En su principal editorial, bajo el título Riesgos en Afganistán, el influyente diario afirma que dos años después que el Presidente George W. Bush celebró la victoria militar, ese país "está en peligro de retroceder a una combinación mortífera de poder a manos de caudillos (señores de la guerra) y jefes Talibanes".
"Aunque los fallos de la política norteamericana en Iraq en meses recientes han sido más dolorosamente visibles y están en el centro del debate público, los fracasos de la Administración Bush en Afganistán son igualmente serios y corren el riesgo de ser peores", acentúa el Times.
Y entre los problemas, cita el resurgimiento del ejército talibán, "que lleva a cabo un retorno aterrador", las principales ciudades están en manos de "caudillos corruptos y brutales", el país vive un estado total de inseguridad y el tráfico de opio se ha convertido una vez más en el principal rublo de exportación, mientras Osama Bin Laden sigue libre.
"Esa alarmante situación no es el resultado de conspiraciones ocultas o mala suerte. Proviene de una sucesión de erradas decisiones políticas", opina.
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, anunció este martes la retirada "temporal" del personal diplomático español en Bagdad, por la situación en Irak, que calificó de "muy complicada".
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, ha confirmado la retirada "temporal" del personal civil español en Bagdad. De momento, sólo permanecerán en la capital iraquí "cuatro o cinco personas", aunque Palacio ha asegurado que el resto del personal "volverá enseguida".
Palacio hizo estas declaraciones antes del comienzo de la XVIII cumbre hispano-alemana, que está presidida por los jefes de Gobierno de ambos países, José María Aznar y Gerhard Schröder.
Según indicó Palacio, el Gobierno español ha decidido retirar a parte del personal ante "el momento complicado" que se vive actualmente en el país y en especial en Bagdad. La ministra precisó que las personas que han abandonado "temporalmente" la capital iraquí se han trasladado a Jordania, pero "volverán enseguida".
José María Aznar declaró, también en Berlín, que la decisión "no es una evacuación", sino que se abre "un proceso de consultas y evaluación de la situación".
El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, explicó que la llamada a consultas es "un procedimiento habitual" en círculos diplomáticos, por lo que "bajo ningún concepto porque no es exacto ni real" se puede hablar de retirada de los representantes españoles de la capital iraquí.
Se quedan cuatro:
La ministra de Asuntos Exteriores confirmó que parte del personal español destinado en Bagdad abandonará "temporalmente" la capital iraquí, permaneciendo en la Embajada española "cuatro personas", además de los responsables de seguridad de las delegación.
Una de ellas es el encargado de negocios, Eduardo de Quesada, aunque éste será relevado en los próximos días. La ministra, Ana Palacio, no ha querido desvelar al sustituto porque, según ella, "no tiene sentido" hasta que sea nombrado.
Tambien se queda en Irak el 'número dos' de la legación diplomática, Pablo Rupérez. Exteriores no ha comunidado quiénes son las otras dos personas que permanecerán en Bagdad.
Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio, han informado de que el consejero económico y comercial de la Embajada de España en Bagdad, Miguel Angel Iriso, regresará a la capital iraquí en los "próximos días", tras permanecer durante las últimas semanas en Madrid "por motivos personales".
Respecto a las declaraciones del representante de la Administración Provisional iraquí ante la ONU, el español Miguel Benzo, en las que indicó que sus superiores habían considerado que no tenía sentido su continuidad en Bagdad, la ministra aclaró que no es que este diplomático "abandone nada", sino que ya se ha cumplido el plazo de seis meses para el que fue destinado a Irak.
Reagrupamiento del personal:
La ministra ha dicho que el Ramadán es una época muy delicada en la actual situación de Irak, informa Silvia Román.
Para aumentar la seguridad del personal civil en Bagdad, España trasladará su Embajada y reunirá las sedes de la residencia y la cancillería, de forma que todo el personal allí destinado esté en un único edificio.
La jefa de la diplomacia explicó que se ha decidido el traslado de la legación para "lograr que entre la residencia y la cancillería se agrupe todo el personal". Para ello, se ha localizado ya un edificio que reúne las condiciones necesarias para ese traslado, que se producirá próximamente, lo que era una de las condiciones más reclamadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado asignadas a proteger la Embajada de España en Bagdad.
Las organizaciones sociales, políticas y de DD.HH, en unión con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de guerra y sus familiares expresamos públicamente nuestra preocupación y rechazo por la forma como el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez viene adelantando el llamado diálogo con los grupos paramilitares. Estos grupos armados se han encargado desde sus orígenes a proteger los intereses de los terratenientes y al aniquilamiento de toda oposición a las políticas impuestas por el Estado, generando un ambiente de TERROR generalizado en la población.
En la época de la Colonia, se reclutaba a los campesinos como ejércitos privados, con el fin de resguardar los intereses de los hacendados y de la Corona. Durante las guerras del siglo XIX, los grandes latifundistas financiaban estos ejércitos para que protegieran sus tierras y sus privilegios. A partir de la violencia de los años 40, mientras que la Policía armaba los campesinos, llamados Chulavitas, para atacar a las poblaciones liberales y asegurar el triunfo del partido conservador, los terratenientes utilizaban a los llamados Pájaros o Guerrillas de Paz, con el fin de salvaguardar sus propiedades y extenderse territorialmente. En los años 50, el Coronel Sierra Ochoa sistematizó esta política de represión y el en 1.962, luego de una visita al país, el director de investigaciones del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh, (Carolina del Norte), el general Yarborough redactó un Suplemento Secreto al informe de su visita que dice: Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después.
Desde entonces se crearon las bases legales para oficializar el paramilitarismo:
a) Decreto 3398/65 y La Ley 48/68 (Ley de Seguridad Nacional)
b) Ley 356/94, que creo las Convivir
c) Ley de Seguridad Nacional 684/ 2001, declarada inexequible por la Corte Constitucional, algunas de cuyas disposiciones se siguen aplicando hoy en día de hecho.
d) El programa del Plan Colombia, a través de la asistencia militar entregada al Estado colombiano, favorece el crecimiento y la expansión de los paramilitares.
Hoy, estos grupos armados siguen siendo funcionales a las estrategias del Estado. La Política de Guerra y Seguridad Democrática del actual gobierno lleva implícita la legalización y legitimación del proyecto paramilitar, reforzada con la red de informantes y de soldados campesinos. El Decreto 128 de enero de 2003 que reglamenta la ley 782 de 2002, que prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, faculta al gobierno nacional, entre otras cosas, para conceder indulto o amnistía a los grupos paramilitares y dejar sus crímenes en la impunidad. Los medios de comunicación han apoyado esta estrategia, haciendo apología a estos grupos armados y a sus jefes, con el fin de exonerarlos, frente a la sociedad civil, de toda responsabilidad por los delitos cometidos. Se han tratado de distraer los vínculos con políticos, con la fuerza pública, con el narcotráfico y con diversos agentes del gobierno Norteamericano.
El Estado Colombiano es responsable, por acción o por omisión de los crímenes cometidos por los paramilitares, dado que esta obligado a garantizar la protección y la vida de todos los ciudadanos. Lo cual ha sido confirmado no sólo por los hechos sino que ha sido planteado por los siguientes organismos y medios de comunicación:
· El último informe de Amnistía Internacional devela la responsabilidad del Estado por no combatir al paramilitarismo y convivir con él en las zonas de mayor presencia militar.
· En documentos de la Cruz Roja Internacional se advierte que la creación, la existencia, la connivencia y la tolerancia con grupos paramilitares es una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
· Los relatores y los grupos temáticos de la Comisión de DD.HH de la ONU, la Comisión Interamericana de DD.HH de la OEA y las diversas organizaciones de DD.HH han denunciado reiteradamente los vínculos de la fuerza pública con los grupos paramilitares.
· Algunos artículos de prensa y escritos manifiestan los antecedentes y la relación del actual gobierno con la creación de grupos paramilitares.
· Procesos y hechos en los cuales se encuentra probada la relación de los grupos paramilitares con la Fuerza Pública: Informe del Procurador Jiménez Gómez en 1983, dando cuenta de la existencia del grupo Muerte a Secuestradores, integrado por 163 personas de las cuales 59 eran de las Fuerzas Militares; ejecución del Alcalde de Sabana de Torres, Álvaro Garcés Parra y otras 4 personas el 15 y 16 de Agosto de 1986; creación de grupos paramilitares en San Juan Bosco Laverde, El Carmen y San Vicente del Chucuri en Santander entre 1986 y 1996; Ejecución de 19 comerciantes en Puerto Parra y la Comisión judicial que lo investigaba en la Rochela Santander en 1989, testimonio de Alonso de Jesús Baquero a. Vladimir; Red 007 de la Armada en Barrancabermeja entre 1990 y 1994 ejecuta 70 personas; Masacre de Segovia Antioquia en 1988, son ejecutadas 50 personas, en Yarumal Antioquia entre 1993 y 1994 se ejecutan aproximadamente 65 pobladores por el grupo los 12 apóstoles; masacre de los Uvos el 7 de Abril de 1991 ejecutan 17 campesinos, masacre de Caloto el 16 de diciembre de 1991 ejecutan 20 indígenas; en 1991 es ejecutado Carlos Pizarro Leongómez en un avión en el aeropuerto El Dorado en Bogotá; masacre de Trujillo entre 1986 y 1994 son detenidos y ejecutados 350 personas; masacre de Riofrío el 15 de Octubre de 1993 se ejecutan 13 campesinos; masacre de Mapiripan entre el 15 y el 20 de Julio de 1997 son ejecutados 49 pobladores; atentado a Wilson Borja y a sus escoltas el 15 de Diciembre de 2000; masacre de la Galleta contra los reinsertados de la CRS el 17 de Enero de 2000, masacre de Alaska en el Valle el 10 de Octubre de 2001 son ejecutados 24 campesinos; masacre del Naya entre Cauca y Valle son ejecutados más de 100 campesinos entre el 9 y 12 de Abril del 2002, esta es una simple reseña de algunos casos.
· El jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, declaró públicamente que el 35% del Congreso de la República, es decir 90 congresistas, obedecen a las políticas paramilitares, sin que las autoridades hayan hecho nada para investigar estos hechos.
· Durante la campaña presidencial, el candidato Horacio Serpa, denunció que grupos paramilitares del Magdalena Medio presionaron a los electores para sufragar a favor del candidato Álvaro Uribe Vélez.
· La senadora liberal Piedad Córdoba manifestó en el Congreso que le parecía ridículo e imposible realizar un diálogo de yo con yo, haciendo evidente la responsabilidad del Estado en la creación y mantenimiento del paramilitarismo.
· Se ha establecido la responsabilidad de estos grupos en el desplazamiento de miles de campesinos, indígenas y ciudadanos en general. Se constatan agresiones a las misiones médicas en las regiones, a centros educativos, a estudiantes y a profesores, entre otros.
El gobierno actual facilita el derecho a la ternura a los grupos paramilitares y propone un proyecto de ley que mantendría en la impunidad sus crímenes, como lo ratifican Organizaciones de DD.HH a nivel internacional, partidarios del presidente en el Congreso Rafael Pardo, Germán Vargas Lleras, el editorial de New York Times y Michael Fruling, director de la oficina en Colombia del alto Comisionado de Naciones Unidas, entre otras, mientras que se muestra reacio frente a cualquier posibilidad de diálogo con la guerrilla. En el proceso de legalización de los grupos paramilitares, algunos se han mostrado reticentes a la desmovilización, lo que hace pensar que en las zonas de presencia de la guerrilla se continuarán realizando operativos de limpieza social y de guerra sucia contra los movimientos populares.
Si las organizaciones y los colombianos no nos pronunciemos y denunciamos el vínculo del Estado con los grupos paramilitares, su dominio seguirá extendiéndose hasta la conformación de un PARAESTADO en Colombia.
Las organizaciones y los ciudadanos firmantes de este documento consideramos que:
1- El gobierno debe dar una solución política al conflicto social, económico y militar para acabar con la guerra. Para ello debe reiniciar el dialogo y negociación con los movimientos guerrilleros y desmovilizar a los paramilitares. En este proceso, la población en general debe tener una real participación.
2- En el proceso de desmovilización el Estado no puede darle legitimidad al paramilitarismo o vincularlo a la fuerza pública o a los organismos de seguridad.
3- NO AL PERDON Y OLVIDO. No a todas las leyes de punto final, de obediencia debida, de auto indulto o cualquier otra medida que deje estos crímenes en la impunidad.
4- La desmovilización y sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares debe realizarse en Colombia y a la luz pública, con total transparencia, informando a la opinión pública nacional e internacional sobre los resultados de la misma, para que las organizaciones sociales, la comunidad, las fuerzas políticas y de manera especial, las víctimas, cuenten con todas las garantías para expresar sus opiniones y propuestas de VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.
5- Los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad cometidos por los grupos paramilitares deben ser investigados y sus autores -intelectuales y materiales- deben ser investigados, juzgados y castigados.
6- En el proceso se debe develar los nombres de los financiadores, los encubridores y los beneficiarios de la estructura paramilitar y los métodos y mecanismos de impunidad implementados hasta el día de hoy. De igual manera, debe quedar claramente establecido quienes han sido las víctimas, y las razones por las cuales fueron eliminadas. Este esclarecimiento debe hacerse desde el año de 1945 fecha en la cual inicia el proceso de genocidio de los movimientos populares.
7- El Estado debe indemnizar integralmente a las víctimas del paramilitarismo, reparando patrimonialmente los daños morales, materiales, sociales, políticos y psicológicos causados.
8- El Gobierno colombiano debe prestar atención a las recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la ONU, OEA, y a las instituciones nacionales como la Defensoría del Pueblo, sobre la desacertada política de supuestos diálogos con los grupos paramilitares.
9- Aclarar públicamente cual será el destino de las tierras y demás bienes que le robaron a los miles de campesinos y demás pobladores que hoy se encuentran desplazados y marginados en los centros urbanos.
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de la OEA, al Parlamento Europeo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, a las Organizaciones especializadas de Derechos Humanos en el mundo, los movimientos sociales y políticos nacionales e internacionales, para que desde la perspectiva de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario se expresen públicamente y llamen al Estado colombiano para que cumpla con los Tratados y Convenios de Derechos Humanos y ponga en práctica la Declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de 1997, en donde expone la obligación que tiene el Estado para que las víctimas, sus familiares, las organizaciones y la humanidad de darles a conocer la verdad, aplicar justicia y reparar integralmente el daño causado; como también aclarar que los crímenes de Lesa Humanidad son innegociables, irrenunciables e imprescriptibles, de jurisdicción universal y no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
De igual manera, llamamos a las iglesias para que fieles al mensaje de solidaridad, paz y amor del que son depositarias, y a que se comprometan a ser instrumentos fieles contra la impunidad, por la recuperación de la memoria histórica, la justicia y la reparación integral.
Bogotá, septiembre 1-2003 Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos CSPP, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, Confederación General de Trabajadores Democráticos - CGTD, Central Unitaria de Trabajadores CUT Bogotá, FENSUAGRO, Movimiento Gaitanista, Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, WILSON BORJA Representante a la Cámara, ANUC UR, Corporación COS PACC, FENALTRASE, Sintraunicol, Casa Colombiana de Solidaridad, Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica, Sintramin, Anthoc nacional, Asociación Colombiana de estudiantes ACEU
El VIII Congreso del Plenario Intersindical y Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) de Uruguay rechazó el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y proclamó su apoyo al Mercado Común del Sur (Mercosur), al concluir hoy en esta capital.
Los sindicatos llamaron también al gobierno del presidente Jorge Batlle a restablecer las relaciones diplomáticas con La Habana, interrumpidas desde hace dos años tras su apoyo a una resolución de Estados Unidos contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El Congreso, que sesionó durante los dos últimos fines de semana, denunció al ALCA como 'un intento colonial de Estados Unidos', mientras consideró al MERCOSUR un 'genuino y legítimo esfuerzo' de integración regional.
Aún cuando reivindicó 'su independencia de clase', la central obrera dejó abierta la posibilidad de alcanzar puntos de acuerdo con un eventual gobierno del Frente Amplio (FA), si esa coalición de izquierda gana los comicios presidenciales del 2004 en Uruguay.
Para el diario El Observador, que circula hoy en esta capital, la nueva directiva electa en el conclave es partidaria de desarrollar una línea estratégica que tiene mucho de común con la orientación política que ha propuesto Tabaré Vázquez, el líder de esa agrupación.
Además de pronunciarse sobre esos importantes aspectos de la realidad nacional, la central obrera eligió a su nueva directiva, en una votación donde según medios de prensa locales, triunfó el sector más moderado de la izquierda uruguaya.
La nueva viceministra de Comercio Exterior de Bolivia, Ana María Solares, desahució hoy virtualmente la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile, negociado por el pasado gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
En declaraciones a la agencia local de noticias ANF, Solares dijo que la nueva administración del presidente Carlos Mesa suspendió indefinidamente la suscripción del TLC, que estaba previsto para este mes, porque el acuerdo iba a acrecentar el déficit comercial de Bolivia respecto a su vecino.
Dijo que hasta que el anterior gobierno comenzó a negociar el TLC, la posición boliviana apuntaba a perfeccionar un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) firmado en 1993, para equilibrar la balanza comercial.
Sin embargo, agregó, 'nos embarcamos en la negociación de un TLC que tiene el riesgo, desde la perspectiva netamente económica, de profundizar el desbalance bilateral', señaló Solares, una experta en la materia.
Las declaraciones de la viceministra fueron precedidas por la del canciller, Juan Ignacio Siles, en el sentido que no se firmará ningún acuerdo que no cautele los intereses bolivianos.
Siles señaló también que el TLC era muy de interés especialmente para la oriental región de Santa Cruz, a cuya élite empresarial pertenece el canciller de Sánchez de Lozada, Carlos Saavedra.
El acuerdo negociado por el anterior gobierno abarcaba, dijo Solares, los servicios de transporte aéreo y turismo, lo que hubiera incrementado el déficit comercial boliviano respecto a Chile, que en 2002 alcanzó 92 millones 800 mil dólares.
Precisó que en el caso del transporte aéreo, el tratado suspendido preveía el otorgamiento a aerolíneas chilenas de la 'quinta libertad', consistente en la facultad de transportar pasajeros entre ciudades bolivianas y terceros países, lo que hubiera afectado a la compañía boliviana Lloyd.
Según Solares, las crecientes diferencias en el comercio bilateral de bienes y servicios, incluso en lo informal (contrabando), deberían provocar una profunda reflexión sobre cómo encarar las negociaciones con Chile.
Al respecto, se pronunció por perfeccionar el ACE, si existe voluntad política de equilibrar o reducir la asimetría existente en la relación comercial con Santiago.
Solares se refirió también al argumento del pasado gobierno de Sánchez de Lozada -obligado a renunciar el 17 de octubre por una gran movilización social reprimida con un saldo de más de 80 muertos- de que Chile abriría su mercado a la producción chilena por cinco años, antes de que Bolivia hiciera lo propio.
Dijo que esa oferta es antigua, ya que fue hecha por Santiago en 1998, cuando se comenzaron negociaciones para profundizar el ACE con miras a un mayor equilibro comercial, pláticas interrumpidas por restricciones chilenas a la entrada de oleaginosas, carne y azúcar, productos estelares de exportación de Bolivia.
Las tratativas del TLC estaban pendientes de la definición del cupo de azúcar boliviana que Chile aceptaba introducir en su territorio, punto sobre el cual el vecino gobierno ofreció el jueves fijarla en 12 mil toneladas, unilateralmente e independientemente de la suspensión de la firma.
Al respecto, Solares, tras consulta con los productores azucareros, dijo que el volumen ofrecido por Chile 'no satisface en nada las expectativas del sector exportador'.
Una gran derrota fue infligida en Bolivia al sistema de poder imperial de los EEUU. El sujeto de esa victoria, celebrada en toda América Latina, es el pueblo boliviano.
De lejos acompañé con emoción la subida de la marea del levantamiento popular cuyo desenlace fue la renuncia y huida del procónsul de Washington que ocupaba el Palacio Quemado.
La pregunta "¿qué va a ocurrir ahora?", omnipresente en el diluvio de comentarios y análisis dedicados al acontecimiento, me hizo recordar la primera visita a La Paz.
Fue hace 33 años, cuando Juan José Torres, apoyado por el pueblo, asumió la presidencia, derrotando una intentona de generales reaccionarios. Más tarde casi fuimos amigos. Pero ello no fue de inmediato.
Al cruzar los nevados de los Andes y descubrir La Paz tuve la sensación de que iría a bajarme en otro planeta.
El paisaje tenía algo de lunar. La mancha azul del Titicaca, un lago tan grande como Chipre , rompía la monotonía de una planicie que se perdía en un horizonte sin fin. Minúsculos pueblos sembraban una tierra entre el amarillo y el ceniza. El lago, apretado por los gigantes de la Cordillera Real, reflejaba la luz intensa de aquel techo del mundo hacia un cielo transparente.
En el centro de una concha, La Paz. La ciudad, fundada en un hueco, creció allí. Fue un campamento minero del cual la historia hizo la capital de un país.
El Alto, escenario de las confrontaciones de las últimas semanas, era entonces un conjunto de miserables barriadas a 4 000 metros de altitud, al borde de la taza donde nació La Paz. Se desarrolló como un hongo. Hoy es una ciudad satélite de 750 000 habitantes, la mitad de la población de la capital. Pobre como antes.
ENTRE LA TRAGEDIA, LA EPOPEYA Y LA FARSA
Viví en Bolivia acontecimientos importantes, que dejaron en mí huellas permanentes.
Imposible olvidar los debates en la Asamblea del Pueblo, en junio de 1971, poco antes del sangriento golpe de Hugo Banzer. Del fondo de la mina Siglo XX y la confraternización con los mineros guardo también recuerdos inapagables, así como de interminables charlas con algunos de los revolucionarios más auténticos que encontré en mi andar por la vida, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, René Zabaleta, muertos, y Simón Reyes, René Rocabado y Marcos Domich, vivos.
Intentando comprender, descubrí, con la marcha del tiempo, dos Bolivias antagónicas, irreconciliables. Coexisten en choque permanente desde los tiempos de la colonia y de la revolución libertadora hasta la actualidad.
Una de ellas es la Bolivia de la rebelión indígena de Tupaj Katari, en 1780, la de la Universidad de Charcas, gran centro cultural del siglo XVIII, la de Pedro Murillo, prócer y mártir de la independencia, de los guerrilleros alto-peruanos, la Bolivia de la revolución de 1952, cuando los mineros y campesinos destruyeron el ejército en combates callejeros, conduciendo a la victoria la primera revolución progresista de América Latina.
Esa Bolivia, revolucionaria y humanista, es mal conocida. Incomoda al imperialismo. De Washington a Londres, los gobiernos del primer mundo y los medios de comunicación hacen lo posible para apagarle la historia, como si fuera ficcional.
Es el retrato de la otra Bolivia , también real, que el mundo conoce.La Bolivia que expulsó Sucre ,su primer presidente y el más puro de los heroes bolivarianos, la Bolivia que perdió parte de su territorio en guerra alucinatórias contra Chile,Brasil y Paraguay, el país de los cuartelazos ,de los asesinos del che, de las matanzas de San Juan y Laikakota,de los narcotraficantes, de los presidentes lacayos de la Casa Blanca.
Amo la primera, abomino la segunda, conciente de que la frontera entre la Bolivia de la epopea y la de la opereta y de los golpes ni siempre aparece dibujada con nitidez.
GONI, EL CHICAGO BOY
En estas semanas una vez más la tragedia y la farsa surgieron mezcladas.
Los acontecimientos son inseparables de una exacerbada lucha de clases. Gonzalo Sanchez de Losada, para responder en este segundo mandato a la creciente resistencia que su estrategia de sumisión enfrentaba -resistencia expresa en la combatividad de las masas- optó por una política de terrorismo de estado. Las matanzas del Chapare, en enero pp, y de La Paz, el 12 y 13 de febrero pp (el pacenazo) enmarcaron esa escalada de violencia, que contó con la complicidad de la OEA y el apoyo ostensivo de los EE UU. Goni se vangloriaba, con arrogancia, de ser el empresario más rico del país y proclamaba que solamente por la fuerza podrían sacarlo del Palacio Quemado.
El pueblo lo hizo.
El presidente que se fugó para los EEUU es responsable de la muerte de 74 ciudadanos en las últimas semanas. Vivió en aquel país gran parte de su vida, estudió en la Universidad de Chicago, habla un castellano deficiente con acento norteamericano y se define a sí mismo como un Chicago boy para disipar dudas en cuanto a su fidelidad a la matriz imperial. Eso, pese a ser licenciado en filosofía y no en economía.
En su primer mandato, entre 1993 y 1997, privatizó casi todo lo que faltaba privatizar, desde las telecomunicaciones hasta los hidrocarburos, y acumuló una fortuna colosal al asumir el control de minas estatales a través de contratos fraudulentos.
El gringo Goni, como es conocido, fue el más riguroso ejecutor de la política de destrucción de las siembras de coca, sin la contrapartida de las culturas alternativas, lo que redujo a la miseria y la hambruna a centenares de miles de campesinos. Clinton lo elogió por haber implantado, en el primer mandato, una caricatura de capitalismo popular cuyo objetivo, a través de la entrega simbólica de acciones a los trabajadores, sería la redistribución de la riqueza. En la práctica, la concentración de capital se acentuó y el abismo entre ricos y pobres se profundizó.
Aunque obtuvo solamente 22% de los votos en las últimas elecciones, el Congreso lo designó presidente, por la fuerza de una de esas alianzas sucias, tradicionales en la Bolivia de farsa.
Su corrupto Movimiento Nacional Revolucionario -heredero de la fuerza política que traicionó la revolución de 1952- formó con ese fin una coalición que incluyó a la derecha reaccionaria, la Nueva Fuerza Republicana-NFR, y el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, cuyos dirigentes en días lejanos decían ser marxistas.
Para atender a una exigencia del FMI, Sánchez de Losada, que se había comprometido a luchar contra la exclusión social, no vaciló en crear un impuesto de 12% sobre los salarios de los trabajadores para «reducir el déficit fiscal». La provocadora medida motivó una primera explosión social, duramente reprimida. Pero el hombre no se detuvo. Al decidir exportar el gas, a precio vil, a los EEUU, vía Chile, este presidente títere hizo desbordar la copa de las humillaciones acumuladas.
Agotada la plata, agotado el estaño, el gas natural --cuyas reservas probadas superan los 55 millones de millones de pies cúbicos--, aparece hoy como el salario de Bolivia, para usar la expresión de Salvador Allende cuando definió la importancia del cobre en Chile.
El gas natural es considerado el motor de la industrialización de un país cuyo PIB per cápita no sobrepasa los 950 dólares. En el continente, solamente Haití figura debajo de Bolivia en la escala de la pobreza.
El ejército sustentó al presidente hasta el momento en que lo vio solo, abandonado por sus aliados de la Nueva Fuerza y del MIR. El embajador de los EE UU, David Greenlee, que hablaba y actuaba como un virrey, apoyó la represión desde el inicio.A nombre de la defensa de la democracia, claro. Washington estaba preocupado con los hidrocarburos. Pero el Alto Comando, ante las proporciones del levantamiento popular, optó por una actitud de expectativa. Seguir sosteniendo a un presidente totalmente aislado colocaría a las fuerzas armadas en una posición muy peligrosa. Pesaba también la memoria de los choques del año 52. Y el ejército enmudeció en las horas que precedieron a la capitulación de Sánchez de Losada.
EL NUEVO PRESIDENTE
El político inexperto que llegó al Palacio Quemado sustituyendo a Sánchez de Losada se presentó a sí mismo como un presidente de transición. Su primer discurso, prudente, fue muy aplaudido. Pretende convocar una Constituyente y elecciones presidenciales antes del término del mandato. Ambas posiciones son positivas. Pero, ¿ quien lo ovacionó? Un congreso en el cual la mayoría apoyó casi hasta el final la política criminal de Goni.
Es útil no olvidar que Carlos Mesa, como vicepresidente, actuó durante el gobierno de Sánchez Losada como su fiel aliado. Y confiesa estar unido a él por una gran amistad. Nunca ha ocultado su adhesión a las políticas neoliberales del Consenso de Washington.
La CNN ya empezó a dibujarle un perfil adecuado a la circunstancia y a los intereses de la administración Bush. Lo presenta como historiador de prestigio, respetado. Tal perfil es fantasioso. Mesa publicó una biografía de los presidentes de Bolivia. No conozco la obra, pero me parece improbable que retrate con perspectiva de cientista una galería de personajes en la cual predominan tiranos, aventureros y enemigos del pueblo, e incluso narcotraficantes. El libro más vendido del actual presidente tiene por tema la «epopeya del fútbol boliviano», lo que también suscita dudas en cuanto a su talento de escritor.
¿Como llegó, se pregunta, a la presidencia un historiador que, al fin y al cabo no parece serlo?
Su popularidad electoral resultó de la actividad desarrollada como periodista de radio, y, después, como productor y entrevistador de un programa de televisión llamado «De cerca».
Investido en la presidencia, pidió una tregua y lanzó un llamamiento a la unidad nacional.
Sobran preguntas sin respuesta.
¿Qué tipo de unidad tiene en la mente?
El ejercicio del poder suele cambiar a las personas, hombres y mujeres. Unos, pocos, mejoran; la mayoría empeora. ¿Qué metamorfosis será la de Mesa?
INCOGNITAS
En un primer comunicado emitido en La Paz, la Comisión política del Partido Comunista de Bolivia subraya que las victoriosas movilizaciones de los últimos días demostraron un gran desarrollo de la conciencia política del pueblo. Pero advirtiendo contra el triunfalismo, insiste en que el arribo a la presidencia de Carlos Mesa no significa la solución de los problemas que aquejan al país.
El derrumbe de Sánchez de Losada resultó de un poderoso movimiento de protesta que durante la lucha asumió un carácter casi espontáneo. El pueblo se levantó para echar a un presidente genocida y traidor, no para tomar el poder. Quizá hubiera podido ocupar el palacio, pero el movimiento de masas, privado de organicidad y sin unidad de objetivos a medio plazo, no tendría condiciones mínimas para controlar el país.
En el momento en que escribo es mi convicción que la evolución de la situación en Bolivia es impredecible. La unidad nacional reclamada por Marcos Domich, primer secretario del PC de Bolivia, no es la unidad de que hablan los diputados y senadores, ni la pedida por el presidente Mesa. La primera contempla la diversidad étnica y cultural del pueblo boliviano. No se construye con promesas. No es posible sin la participación de los mineros, de los campesinos, de los obreros, de los intelectuales progresistas, de la juventud, de los indígenas. La otra unidad, falsa, es, a fin de cuentas, la de la burguesía.
El panorama de la crisis -que persiste aunque la normalidad aparente haya regresado a La Paz y a El Alto- continuará confuso. El ejército y la policía regresaron a los cuarteles, las tiendas y los bancos abrieron sus puertas y la huela general indefinida terminó.
El movimiento no tenía, ni podía tener, un programa. Falta incluso un plan de emergencia.
Las reivindicaciones del diputado indígena Filipe Quispe son, por maximalistas, poco realistas. Evo Morales, el líder del Movimiento Al Socialismo-MAS, tampoco ha expuesto hasta ahora, con claridad, su actitud ante la fase de «transición» que se inicia. Su movimiento cumplió un importante papel en las luchas que provocaron la caída de Goni. Pero, ¿qué es finalmente el MAS? Escuché a Evo en México y La Habana en diferentes ocasiones. Y su discurso, tal como su visión sobre la historia, refleja la ausencia de una opción ideológica estructurada.
La Central Obrera Boliviana, la más influyente organización de masas, dialoga en el momento actual con el nuevo presidente cuyo gobierno no incluirá representantes de cualquier partido ( pero cuenta con algunos empresarios defensores del modelo neoliberal). Le ofreció su colaboración siempre que él respete compromisos asumidos.
Sería deseable que un eventual acuerdo incidiera sobre las grandes reivindicaciones del pueblo, colocando en un segundo plano las que pueden acabar por romper la unidad de las masas que tiende ahora a hacerse frágil. Hay que recordar que las movilizaciones de septiembre empezaron y crecieron con cuatro consignas básicas: «No a la venta del gas», «el rechazo al nuevo código tributario», «la anulación de la ley de la seguridad ciudadana» y «el rechazo al ALCA». Al inicio hubo más planteamientos, pero fueron reduciéndose, concentrándose en los mencionados. Su defensa intransigente es absolutamente indispensable, tal como la convocatoria de la Constituyente.
La posición del presidente Mesa frente a Washington será determinante para la evaluación de su disponibilidad y capacidad para honrar los compromisos asumidos. El gobierno Bush, que sustentó a su Chicago boy hasta el último cuarto de hora, intentará intervenir de múltiples maneras en el proceso de «transición» para sabotearlo. Las provocaciones ya están en las calles. El fascismo -como afirma el PCB-, la ultra izquierda y el regionalismo exacerbado, una vez más, muestran el rostro.
La extrema heterogeneidad de las fuerzas que han derrocado a Sánchez de Losada no facilita la elaboración de un proyecto de programa de gobierno consensual a ser presentado al presidente de la república.
Exigir lo imposible en estas horas es prestar un servicio a los enemigos de Bolivia.
El levantamiento popular no abrió las puertas a un cambio revolucionario. La relación de fuerzas existente no lo hubiera permitido. No estaban reunidas las condiciones mínimas. Las fuerzas armadas volvieron a los cuarteles, pero el cuerpo de oficiales es, en los grados superiores, mayoritariamente constituido por militares moldeados por la mentalidad profundamente anticomunista de los ideólogos del Comando Sur de los EEUU. Es significativo que un grupo de oficiales de ese comando haya viajado inmediatamente a La Paz.
No hay que olvidar tampoco que ninguna revolución séria es posible sin una organización de vanguardia poderosa, bien implantada entre las masas. Tal organización no existe todavía en Bolivia.
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La vida me proporcionó la oportunidad de ser testigo de algunos acontecimientos que han dejado huellas en la historia contemporánea.
Bolivia ha sido uno de los países donde eso ocurrió. Habría sido gratificante para mí encontrarme allí la semana pasada, caminar por las calles con amigos y camaradas de muchas batallas, inquebrantables en su fidelidad al compromiso revolucionario.
No fue posible. Pero he sentido que la lucha actual del pueblo boliviano es también mía. Seguí hora a hora, por la Internet, el desarrollo torrencial de la crisis. La familiaridad con el escenario me permitía imaginar la represión en El Alto, ver las minas, acompañar la marcha de las columnas de campesinos por los valles y páramos de la cordillera, el avance de las grandes manifestaciones en La Paz.
Casi veía como telón de fondo de las muchedumbres las nieves eternas del Illimani, la más bella montaña andina, el cerro mágico que para los aymaras habla, siente y ama como si fuera humano.
Celebré como si estuviera allí la derrota de Sánchez de Losada y del imperialismo. Las luchas del pueblo boliviano se insertan en el combate de la humanidad progresista contra el monstruoso proyecto de sociedad impuesto por un sistema de poder que amenaza la continuidad de la vida en la Tierra.
La Habana, 19 de Octubre de 2003. El original portugués de este artículo se encuentra en http//: resistir.resistir.info Traducción de Marla Muñoz
Isaac Bigio Analista Internacional Rebelión 30 de octubre de 2003
Colombia y Bolivia han sufrido en Octubre significativos remesones políticos. Los presidentes de las dos naciones que bordean al Perú juraron en sus cargos el 6 y 7 de Agosto del 2002. Catorce meses después el mandatario boliviano ha debido renunciar y el colombiano ha sufrido dos fuertes derrotas electorales.
Tanto Álvaro Uribe como Gonzalo Sánchez de Losada propugnaban fortalecer el modelo de economías abiertas e incentivo a las privatizaciones. Ambos se identifican con la política externa de EEUU y mantenían una estrategia dura contra los productores de coca. Sánchez fue el arquitecto del modelo monetarista que ha regido Bolivia desde 1985 y estaba apoyado por una amplia coalición parlamentaria. Uribe llegó a palacio con una masiva votación y quería basarse en ello para gobernar con dureza.
Sánchez tuvo que dejar palacio debido a una huelga general y multitudinarias protestas. Carlos Mesa está ahora bajo presiones laborales y debe hacer concesiones a sectores que plantean una mayor intervención del estado en la economía.
Uribe pretendió legitimar una forma de autoritarismo con su referendo. Sin embargo, ninguna de las 18 preguntas de éste consiguió el apoyo del 25% del electorado para transformarse en ley. A los pocos días el oficialismo perdió las elecciones municipales. En Bogotá por primera vez la izquierda ganó la municipalidad.
Uribe ha sufrido un revés tratando de emular a Fujimori. Ha fracasado al querer polarizar a la sociedad entre él y la subversión, y con ello la posibilidad de regir con su ansiada 'mano firme' su país por una década. La guerrilla colombiana tiene más bases sociales y menos sectarismo que el senderismo. La oposición colombiano ha sabido capitalizar el desgaste del autoritarismo a escala continental.
Los sindicalistas Evo Morales y Luis Garzón de Bogotá se vienen convirtiendo en las principales figuras opositoras. Ellos se presentan como los representantes de los de abajo frente a mandatarios que provienen de familias tradicionales millonarias. Morales casi empató las presidenciales bolivianas del 2002 y Garzón sobrepasó el 46% de los votos convirtiéndose en alcalde bogotano.
El izquierdismo de ambos es moderado pues planean fortalecer la democracia parlamentaria desechando la vía guerrillera y aceptan la economía de mercado. El Polo Democrático colombiano cuestiona a las FARC a quien vincula con formas de terrorismo, y reconoce que se debe entrar al ALCA.
La ola contestataria que afecta a ambos países incentivará el crecimiento de los sindicatos y socialistas. Para los oponentes del liberalismo el revés de Uribe y Sánchez es el de su modelo que debe ser sustituido por uno estatista y social que disminuya la pobreza. Para los liberales el fracaso de ambos se debe a que implementaron ese programa a medias y sin democratizar o moralizar más al estado.
REUTERS 
Bajo el título Riesgos en Afganistán, el influyente diario The New York Times afirma que dos años después que el Presidente George W. Bush celebró la victoria militar, ese país "está en peligro de retroceder a una combinación mortífera de poder a manos de caudillos (señores de la guerra) y jefes Talibanes"
IBLNEWS-4/11/2003.
NO A LA LEGILAZACIÓN DEL PARAMILARITARISMO.
Argenpress
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